En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, puso el acento donde más duele en el debate público: la violencia contra mujeres y niñas no puede atenderse solo con discursos, sino con leyes que funcionen y recursos suficientes para aplicarlas.
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En el Congreso mexicano, la presidencia de la Mesa Directiva es algo así como la figura que cuida que el partido se juegue con reglas claras. Hoy esa responsabilidad recae en Kenia López Rabadán, quien asegura que, aunque tiene identidad panista, su encargo es institucional: representar a los 500 diputados y garantizar que todas las voces sean escuchadas.
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En medio de una sesión poco común por celebrarse en día inhábil, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dejó claro que conmemorar la Constitución no es suficiente si sus principios no se reflejan en la vida diaria de las personas. A unos días del 109 aniversario de la Carta Magna, la diputada insistió en que el verdadero pendiente del país no está en las ceremonias, sino en hacer realidad los derechos que ya están escritos.
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Este domingo la Cámara de Diputados vuelve a sesionar y, aunque parezca solo una fecha en el calendario, marca el inicio formal de una etapa clave para la política mexicana. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, explicó que la Constitución obliga al Congreso de la Unión a abrir el Segundo Periodo Ordinario del año legislativo, incluso si eso implica trabajar en fin de semana.
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La Reforma Electoral volvió al centro de la conversación política, pero esta vez con un enfoque distinto. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sostuvo un encuentro con integrantes de Somos México para escuchar directamente sus posturas sobre los cambios que podrían redefinir las reglas del juego democrático en el país.
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El año legislativo arrancó en la Cámara de Diputados con un tema que sacudió más allá de los muros de San Lázaro: el accidente del tren interoceánico. No fue solo un recuento de lo ocurrido, sino una reflexión incómoda sobre cómo funcionan —o dejan de funcionar— las políticas públicas cuando se mezclan con negligencia y corrupción. El mensaje fue claro y pensado para cualquier ciudadano: cuando el Estado se equivoca, las consecuencias se pagan con vidas.
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Imagina que te atrasas en un pago, te aprietas el cinturón, juntas el dinero y finalmente liquidas tu deuda. Respiras tranquilo… pero el sistema no. Aun cuando ya cumpliste, tu nombre puede seguir manchado durante años en los burós de crédito, como si nunca hubieras pagado. Justo contra esa lógica va una iniciativa que llegó a la Cámara de Diputados y que podría cambiarle la vida financiera a millones de personas.
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En la política mexicana, no siempre las historias avanzan rápido, y menos cuando se trata de derechos laborales. Pero a veces, la constancia rinde frutos. Eso fue lo que ocurrió con el Sindicato de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua de Oaxaca, que después de nueve años de tocar puertas, finalmente obtuvo su toma de nota, es decir, el reconocimiento legal que les permite existir formalmente y defenderse como trabajadores.
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En el Congreso no todo se discute con números fríos o discursos acartonados. A veces, la política baja a la cancha, se pone tenis y habla de algo tan cotidiano como lanzar un balón al aro. Así ocurrió cuando el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, puso sobre la mesa una idea sencilla pero poderosa: el deporte, y en particular el básquetbol, puede cambiar la vida de niñas, niños y jóvenes en México.
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En San Lázaro se está cocinando una discusión que toca una de las heridas más profundas del país: el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, puso el tema sobre la mesa al informar que las dos iniciativas que presentó para tipificar este delito ya fueron enviadas a la Comisión de Justicia, porque implican cambios directos al Código Penal Federal. La idea, dice, es clara: que a partir de enero de 2026 México tenga una figura legal específica para castigar a quienes obligan, engañan o presionan a jóvenes —muchos de ellos menores de edad— a formar parte de organizaciones criminales.
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