El gobierno mexicano se prepara para dar el banderazo de salida a una de las negociaciones más críticas del sexenio. A finales de este mes de enero, las autoridades nacionales intercambiarán los primeros documentos oficiales con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Este trámite administrativo marca el inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que tiene como fecha fatal julio de 2026 y que pondrá a prueba la solidez de la economía regional.
No se trata de una simple charla diplomática de café; lo que está en juego es la continuidad de las reglas del juego comercial para los próximos 16 años. Esta revisión obligatoria, conocida en el argot como la «cláusula sunset», determinará si los tres socios renuevan sus votos de libre comercio o si entramos en una etapa de incertidumbre. Para el ciudadano de a pie en la capital y en todo el país, esto es vital: el tratado blinda a México de los aranceles, esos impuestos fronterizos que encarecen todo lo que cruza la línea divisoria.
Entrando en materia de lo que le duele al bolsillo, la estabilidad del T-MEC es el muro de contención contra la inflación en productos importados. Si la revisión se complica o se imponen nuevos aranceles, el impacto se sentiría directamente en el precio de la tecnología, refacciones automotrices y hasta en insumos básicos como el maíz amarillo, fundamental para la cadena alimenticia. En términos llanos: un T-MEC fuerte mantiene los precios a raya; un tratado tambaleante los dispara.
En el terreno laboral, la «chamba» de millones depende de este hilo. Sectores enteros, desde las armadoras de autos en el Bajío hasta los corporativos en Santa Fe, operan bajo la lógica de la integración norteamericana. La incertidumbre en la revisión podría frenar inversiones extranjeras que hoy buscan aterrizar en suelo mexicano bajo el modelo del nearshoring. Sin la certeza de un tratado renovado, las empresas podrían pensárselo dos veces antes de abrir nuevas plantas o contratar más personal.
El «estira y afloja» político será intenso. Aunque el plazo límite es julio de 2026, los documentos que se mueven este enero sientan las bases de la discusión. México llega a la mesa con la tarea de defender su soberanía energética y laboral, mientras que los vecinos del norte seguramente apretarán tuercas en temas de controversias y reglas de origen. Es un ajedrez geopolítico donde un mal movimiento se paga con empleos perdidos.
Expertos consultados coinciden en que el escenario no es para entrar en pánico, pero sí para estar muy «al tiro». La economía mexicana está profundamente entrelazada con la estadounidense; más del 80% de nuestras exportaciones van para allá. Cualquier cambio en las comas y puntos del acuerdo resuena en la cotización del peso frente al dólar, afectando desde el tipo de cambio en las casas de bolsa hasta el costo de los servicios digitales que pagamos mes con mes.
Por ahora, la instrucción en los pasillos de la Secretaría de Economía es clara: revisión técnica, firmeza política y cero sorpresas. Los equipos negociadores buscarán demostrar que la alianza ha sido beneficiosa para las tres partes, intentando evitar que el tema se contamine con las agendas políticas electorales de los países vecinos. La apuesta es llegar al 2026 con un acuerdo planchado que dé certeza a largo plazo.
Finalmente, hay que entender que este proceso será largo y, por momentos, ruidoso. De aquí a julio de 2026, escucharemos muchas declaraciones y amagos, pero lo importante son los hechos firmados. Para el capitalino y el mexicano promedio, la recomendación es vigilar el tipo de cambio y el desempeño de las industrias exportadoras, que serán los primeros termómetros de cómo avanza esta negociación vital para el bienestar nacional.
